De la censura a la autocensura

JESÚS ALONSO

Jesús AlonsoLe puedes dar las vueltas que quieras, pero no hay por dónde coger el borrado por parte de la Universidad de Alicante en su buscador de internet del nombre de un miembro del tribunal que condenó a muerte al poeta oriolano Miguel Hernández a petición de un hijo suyo. Podrá el rector Manuel Palomar argumentar que se trata de una decisión cautelar basada en una hipotética colisión entre el derecho a la información y la ley de protección de datos, que para eso es Catedrático en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e investigador en tecnologías del lenguaje humano. Podrá, incluso, avalar la validación por parte de la UA de la solicitud del descendiente de Antonio Baena Tocón en base a «garantizar la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado», y defender que no se ha censurado ni borrado la información que había publicado su homólogo de Literatura Española en la misma institución académica Juan Antonio Ríos Carratalá, pero el asunto, convertido en polémica nacional, huele al humo de la hoguera en la que lo mismo asaban a las brujas que se incineraban libros prohibidos.

La decisión destila, como síntoma, un temor ancestral a las acciones punitivas, no siempre justas, de la ley. Y ante la duda entre dos derechos, uno de ellos de reciente nomenclatura y por lo tanto poco o nada codificado, se opta por la solución más fácil: la evaporación. Además, vulnera el derecho a saber, cosa grave si se produce en una universidad moderna de un país democrático que soportó durante décadas la uniformidad del conocimiento dictado solo por los vencedores de la contienda previa, y atenta contra la actividad profesional de un miembro del colectivo universitario cuyo trabajo ha sido purgado por poner en soporte digital una verdad incontestable que ya figura escrita negro sobre blanco en otros contenedores, indelebles estos salvo que se les aplique el fuego inquisitorial. Parece un viaje alucinante desde la censura hasta la autocensura.

El dictamen final de la UA tras el estudio jurídico y técnico de la comisión creada al efecto no debería ser otro que la reinserción del contenido íntegro de la documentación aportada por el autor. De no ser así, se abriría un endemoniado camino hacia las tinieblas exteriores en el que el derecho al olvido de los hipotéticos agraviados se convertiría en amnesia colectiva obligatoria mediante la destrucción de pruebas sobre hechos históricos que tuvieron sus víctimas y sus verdugos por más que afrenten ahora a los descendientes de los segundos obviando a los primeros.

Llevando hasta el extremo el contencioso, y por lo tanto sin ánimo de comparación, se daría vía libre a la posibilidad de que familiares de reconocidos criminales de guerra, dictadores soviéticos y camboyanos, o cubanos y españoles, o chinos y argentinos, o ugandeses y chilenos, o corruptos condenados, o asesinos en serie, violadores, pederastas, narcotraficantes de postín y, en fin, toda suerte de personajes que de una u otra forma han desempeñado un papel histórico, aunque sea en la zona más oscura de la historia, o que desde el plano privado han influido con sus punibles acciones en el devenir social, quedarían automáticamente facultados para exigir la volatilización de sus predecesores consanguíneos y, por lo tanto, la autoría de sus vergonzantes actividades no tendría nombre ni apellidos. Lo cual, aparte de una aberración científica sería una bofetada al principio de reparación.

Stalin resolvió el dilema el siglo pasado haciendo desaparecer de las incipientes fotografías, con la minuciosidad de un orfebre, a todos aquellos dirigentes bolcheviques que habían caído en desgracia. Antes, eso sí, les expedía el pasaporte hacia la otra vida.

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